El Estado Plurinacional de Bolivia surgió a la vida independiente el 6 de agosto de 1825. Limita al norte y al este con el Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Tiene una superficie 1.098.581 kilómetros cuadrados y para 2020 el Instituto Nacional Estadística estima una población de 11.633.400 habitantes.

Bolivia experimentó una bonanza económica originada por el auge de las exportaciones principalmente de los sectores de hidrocarburos y minería entre 2002 y 2013. Aunque la caída del precio de hidrocarburos y minería representó menores ingresos derivados de las exportaciones de estos productos, Bolivia tuvo un crecimiento anual que superaba el 4% del PIB hasta 2018, siendo uno de los países con mayor tasa de crecimiento de América Latina. la crisis política de fines de 2019 y la la pandemia de COVID-19 hicieron que la economía boliviana tuviera una caída del -7,5% del PIB en 2020. 

El artículo 37 de la Constitución Política del Estado establece que “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera”.  El Sistema Nacional de Salud en Bolivia está constituido por el sistema público, la seguridad social, los servicios administrados por las Iglesias, instituciones privadas con y sin fines de lucro y los prestadores de la medicina tradicional.  Son administrados a cuatro niveles i)nacional, correspondiente al Ministerio de Salud y Deportes; ii)departamental, correspondiente a los Servicios Departamentales de Salud dependientes de los gobiernos autónomos departamentales; iii)municipal, gobiernos municipales son responsables de la gestión de los establecimientos públicos de salud de primer y segundo nivel de su jurisdicción; y iv)local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de influencia y brigada móvil como nivel operativo. El gobierno general financió un 51.7% del gasto corriente en salud en 2017, principalmente a través del Tesoro General de la Nación (43.1%) y con recursos específicos (8.5%). Las empresas y los empleadores privados financiaron el 17.3% del gasto corriente en salud en esa gestión.

En 1996 se creó el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, el cual brindaba prestaciones básicas para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, las cuales fueron ampliadas por el Seguro Basico de Salud (1999) y el Seguro Universal Materno Infantil (2002). La Ley 475 en 2013 planteó la atención integral y protección financiera de salud a las personas que no contaran con un seguro incluyendo mujeres embarazadas (desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto), menores de 5 años, mayores de 60 años, mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; y personas con discapacidad. En 2019, la Ley N°1152 amplía la población beneficiaria a todas las personas no cubiertas por la seguridad social, con atención gratuita de salud, en avance hacia un Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito. Según el Censo de Población y Vivienda de 2012, 75.6% de la población reportó acudir a establecimientos de salud del subsector público en caso de enfermedad; 24,8% a establecimientos de la seguridad social y 9,3% a establecimientos privados. 

El gasto público en salud fue de $US 1.685 millones en 2017, equivalentes a 11.2% del gasto público total, 69.2% del gasto total en salud.  El gasto público corriente en salud como porcentaje del PIB fue igual a 4.5%. El gasto público per cápita en salud fue de $US 137 por habitante. El gasto de bolsillo de los hogares representó un 25.1% del gasto corriente en salud para 2017.