Mozambique avanza de forma constante en la cobertura sanitaria universal (CSU), como muestran los siguientes indicadores. El Índice de Cobertura Efectiva de la CSU de Mozambique era de 44 en 2021[1], uno de los más altos de África en relación con su bajo PIB. La financiación pública y unas tarifas mínimas para los usuarios protegen a la población de costes catastróficos. Ta Encuesta de Presupuestos Familiares 2019-20, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, estima que sólo el 1-2% de los de los presupuestos familiares se destinan a gastos sanitarios. Sin embargo, la protección financiera se está erosionando debido al aumento de las tarifas de los usuarios en el sector público y al uso emergente del sector privado.
El documento de referencia es el Plan Estratégico del Sector Sanitarioque incluye las prioridades del sector, se ha ampliado para cubrir el periodo hasta 2024.
Particularidades de la financiación sanitaria
Mozambique tiene un sistema de acceso universal a los servicios basado en la ciudadanía que no exige pagos específicos para acceder a los servicios. Las reformas actuales se centran en mejorar la calidad del servicio y la eficacia en la prestación de servicios.
El sector sanitario público de Mozambique se financia a través de los impuestos generales, que a su vez asignan fondos al Ministerio de Sanidad (MISAU), las provincias, los distritos y los municipios.
Los fondos externos representan una gran parte de los recursos destinados al sector sanitario, con un total del 47% del presupuesto sanitario según el Informe de Ejecución Presupuestaria 2021 del MISAU. De estos fondos externos, el 87% se destina a medicamentos (donaciones en especie), y el resto a proyectos financiados por donantes. El gasto público anual per cápita en sanidad es de aproximadamente 1600 MZN (25 $ USA).
Mozambique destina el 7,6% de su gasto público interno al sector sanitario (13,4% del gasto público total). El gasto sanitario público se sitúa en el 4,3% del producto nacional bruto (2% sin financiación externa). Estas cifras se basan en los datos incluidos en el Informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Un gran volumen de recursos externos adicionales, equivalente a todo el gasto público, se aporta fuera del proceso presupuestario nacional a través de ejecutores externos. Esto es especialmente cierto en el caso de los programas de VIH-SIDA, que aportan amplios recursos externos que repercuten en la financiación del sector sanitario.