A medida que siguen aumentando las tasas mundiales de obesidad, diabetes y otras enfermedades no transmisibles, los gobiernos recurren cada vez más a las políticas fiscales como herramientas para mejorar la salud pública. Entre las medidas más debatidas y ampliamente adoptadas se encuentran los impuestos sobre el azúcar, gravámenesdiseñados para frenar el consumo de bebidas azucaradas (SSB) y, a su vez, reducir la carga de enfermedades prevenibles. Introducidos por primera vez con objetivos sanitarios explícitos en las islas del Pacífico a principios de la década de 2000, estos impuestos han ido ganando adeptos en Europa, América Latina y otros lugares, con un apoyo cada vez mayor de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Los últimos debates sobre los impuestos del azúcar llegan en un momento crucial, cuando la Asamblea General de la ONU se dispone a abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Los defensores sostienen que los impuestos son una de las estrategias más rentables que existen, mientras que los críticos plantean cuestiones sobre la justicia económica y la eficacia a largo plazo. Con este telón de fondo, el renovado escrutinio de los impuestos sobre el azúcar ofrece valiosas perspectivas sobre su futuro papel en la política sanitaria mundial.