Ideas clave
El Servicio Nacional de Salud (SNS) del Reino Unido proporciona una cobertura sanitaria universal, financiada principalmente con los impuestos generales, que garantiza el acceso a una atención integral basada en la necesidad y no en la capacidad de pago. Las competencias en materia de asistencia sanitaria y social están transferidas a Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, cada una de las cuales diseña y regula los servicios de forma independiente. La pandemia de COVID-19 aumentó el gasto en sanidad pública hasta el 11% del PIB en 2022; sin embargo, las restricciones de financiación anteriores han limitado las inversiones en infraestructuras, mano de obra y tecnología. El Reino Unido registra algunos de los gastos sanitarios de bolsillo y catastróficos más bajos de Europa, pero el acceso a la atención hospitalaria programada y a las citas de atención primaria se ve dificultado por los largos tiempos de espera, agravados tras la pandemia. Los hospitales consumen más de la mitad del gasto sanitario público, pero el número relativamente bajo de camas deja una capacidad mínima para hacer frente a los aumentos de la demanda. Los esfuerzos por integrar la asistencia sanitaria y social vienen de lejos en las cuatro naciones. A pesar de estas iniciativas, el Reino Unido se enfrenta a unas tasas relativamente bajas de médicos y enfermeras en comparación con la UE, una gran dependencia de profesionales formados internacionalmente y disparidades en los resultados sanitarios, con tasas de mortalidad infantil y materna superiores a la media de la UE, reflejo de las desigualdades socioeconómicas.