Un nuevo documento de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Financing Gap for Universal Social Protection: Estimaciones mundiales, regionales y nacionales y estrategias para crear espacio fiscal”, revela que los países de ingresos bajos y medios necesitan aumentar el gasto en unos 1,4 billones de dólares para lograr la protección social universal. Esta cantidad representa el 3,3% del PIB anual combinado de estos países. Sin embargo, el reto es especialmente grave para los países de renta baja, donde el déficit de financiación equivale a un asombroso 52,3% de su PIB anual.
Para garantizar la protección social universal, estos países deben aumentar el gasto público en un 10,6% de su gasto anual, aprovechando recursos internos como los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social, y mejorando la gestión de la deuda soberana. Para las naciones de renta baja, cerrar esta brecha requiere cuadruplicar su gasto público anual, lo que pone de relieve la necesidad crítica de solidaridad internacional. El documento sugiere que la ayuda al desarrollo para estos países debería triplicarse con creces y centrarse exclusivamente en la protección social.
A nivel regional, África se enfrenta al mayor déficit de financiación, con un 17,6% del PIB, seguida de los Estados Árabes, con un 11,4%, América Latina y el Caribe, con un 2,7%, Asia y el Pacífico, con un 2,0%, y Europa y Asia Central, con un 1,9%. El documento subraya la importancia de la protección social universal para mitigar los efectos del cambio climático, y propone que la financiación internacional para el clima apoye la adaptación de los sistemas de protección social en estas regiones. El estudio calcula la inversión necesaria para proporcionar cobertura universal de las prestaciones esenciales, incluida la asistencia sanitaria, a las poblaciones vulnerables de 133 países de renta baja y media.