Hasta la fecha, todos los países del mundo se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. Es urgente actuar, pero la respuesta debe ser coherente. De nada servirá que la urgencia del momento provoque el caos en la respuesta tanto de los países individuales como de la comunidad internacional. Para evitar este escollo, será necesario distinguir entre lo que hay que hacer (en términos de prestación de servicios sanitarios, sistema de financiación y gobernanza) y los objetivos de seguridad sanitaria y cobertura sanitaria universal que deben alcanzarse. No se trata de elegir entre seguridad sanitaria y CSU: invertir en las funciones básicas de los sistemas sanitarios es fundamental para ambos, y debe complementarse con medidas de política pública que vayan más allá de los sistemas sanitarios.
Por el equipo responsable de los sistemas de financiación sanitaria en la sede y las oficinas regionales de la OMS
En la actualidad, la primera prioridad es planificar, organizar y reconfigurar la prestación de servicios sanitarios para satisfacer las necesidades inmediatas. Las medidas relativas a los sistemas de financiación de la sanidad pueden contribuir a dar una respuesta rápida y organizada a la pandemia. Más concretamente, la respuesta de los sistemas de financiación sanitaria debe apoyar la ampliación y la prestación de los servicios sanitarios públicos e individuales pertinentes de dos maneras fundamentales. Estos dos objetivos son los de los sistemas de financiación sanitaria en la situación actual y deben perseguirse simultáneamente:
Garantizar financiación suficiente para los bienes comunes sanitarios, es decir, funciones de salud pública como la vigilancia sanitaria ampliada (incluidos los laboratorios), los sistemas de datos e información, la regulación, la comunicación y las campañas informativas. La financiación de estos “bienes comunes sanitarios” contribuye a garantizar la existencia de las funciones de salud pública necesarias para prepararse y responder a una crisis. Desgraciadamente, en muchos países no se ha dado suficiente prioridad a la inversión en preparación ante epidemias en los últimos años, ni siquiera en las últimas semanas desde el brote de la epidemia. No obstante, este problema puede corregirse para reforzar la respuesta a COVID-19 y estar mejor preparados para futuros retos.
Eliminar las barreras económicas al acceso a los servicios sanitarios para permitir el diagnóstico y el tratamiento de COVID-19 todos aquellos que lo necesiten. Es fundamental que las personas conozcan bien la enfermedad y sean capaces de seguir las orientaciones de las autoridades sanitarias sobre cuándo y dónde buscar tratamiento. La decisión de buscar asistencia sanitaria no debe verse influida en modo alguno por la preocupación por los costes que tendrán que asumir las personas y las familias, especialmente durante una pandemia.
A continuación se identifican las principales medidas que deben adoptar los sistemas de financiación sanitaria para apoyar la consecución de estos objetivos.
Aumentar la asignación de fondos públicos a la respuesta adecuada del sistema sanitario, incluidos los fondos de donantes internacionales cuando existan, para alcanzar los dos objetivos. Esto requerirá acciones presupuestarias y de gestión de las finanzas públicas para priorizar y ampliar el espacio presupuestario asignado a la respuesta al COVID-19, así como nuevos procesos para coordinar, garantizar la complementariedad y la alineación de los fondos (nacionales y de donantes) para una respuesta integral, que incluya a todos los actores gubernamentales e implique tanto a las autoridades sanitarias como a las financieras, a nivel nacional y descentralizado, a cualquier otro organismo de compra sanitaria (por ejemplo, el seguro nacional/social de enfermedad) y a los proveedores de asistencia sanitaria. nacional/seguro social de enfermedad) y proveedores de asistencia sanitaria.
a) Aumentar la prioridad concedida al sector sanitario en los presupuestos públicos, especialmente cuando se canalicen fondos de fuentes nacionales y donantes externos a la respuesta. Esto podría verse facilitado por la activación de procedimientos excepcionales de gasto público durante la primera fase de la crisis, formalizados posteriormente mediante legislación presupuestaria correctora.
b) Reprogramar rápidamente las asignaciones para garantizar una financiación adecuada, estable y sostenible de los Activos Sanitarios Públicos (PHA). Aunque las asignaciones adicionales no basten por sí solas para garantizar el suministro de material médico, los sistemas de vigilancia, el rastreo de contactos, el agua y el saneamiento, la comunicación en materia de salud pública, las pruebas y la capacidad de los laboratorios, es esencial canalizar fondos suficientes hacia estas actividades. Las restricciones que bloquean el nivel o el desembolso de fondos deben eliminarse lo antes posible.
c) Reprogramar las asignaciones presupuestarias para que los proveedores de servicios puedan hacer frente al aumento de la demanda tanto interna como de la población, incorporando la necesidad de insumos adicionales y el pago de horas extraordinarias a los trabajadores sanitarios, así como mejorando el acceso a las pruebas y el tratamiento para las poblaciones de más difícil acceso.
d) Crear un presupuesto por programas específico para la respuesta a COVID-19 en los presupuestos rectificativos para facilitar la ejecución y el seguimiento del gasto.
e) Dar mayor flexibilidad y capacidad de decisión a los profesionales sanitarios de primera línea para que puedan contrarrestar rápidamente la escasez de insumos esenciales (jabón, pequeño material, medicamentos).
f) Establecer mecanismos transparentes de información sobre el uso de los fondos a todos los niveles.
g) En los países que reciben fondos de donantes externos, implicar a estos donantes en el diálogo sobre las necesidades no cubiertas en los planes nacionales de respuesta y la alineación con los procedimientos nacionales de gestión de las finanzas públicas.
Cambiar la orientación de los sistemas de financiación sanitaria para eliminar las barreras financieras al acceso a la atención, haciendo que los servicios sean gratuitos cuando se utilicen. Los copagos (pagados por los usuarios) deben suspenderse como complemento de las estrategias de prestación de asistencia en respuesta a la pandemia, incluida la asistencia a domicilio y las teleconsultas cuando sea posible.
Esta medida no debe entenderse como un estímulo para que todo el mundo visite a los proveedores de asistencia sanitaria, sino más bien como la eliminación de cualquier consideración económica de la decisión de buscar asistencia, porque las pruebas demuestran claramente que los copagos no limitan selectivamente la asistencia “innecesaria”, sino que reducen el uso de todos los servicios sanitarios, sobre todo por parte de los pobres. Cuando las personas piensan que tendrán que pagar, o no están seguras del aspecto financiero, pueden posponer o evitar la búsqueda de atención, lo que hace que la pandemia sea más difícil de controlar y crea riesgos adicionales para la sociedad en su conjunto. Por ello, las personas que requieran tratamiento médico o cuarentena/aislamiento no deberían tener que pagar por estos servicios, incluido el tratamiento de comorbilidades, ya que la anticipación del pago incluso por servicios no relacionados directamente con el COVID-19 podría impedir que las personas obtuvieran la atención necesaria.
Una simple declaración de que los servicios serán gratuitos no basta, por desgracia, sobre todo en países donde los pagos no registrados (por medicamentos o personal sanitario) por servicios oficialmente gratuitos han sido la realidad experimentada por la población o donde las personas se enfrentan a elevados costes de transporte u otras barreras para acceder a la atención.
a) Suspender todos los copagos (participación financiera de los usuarios) para todos los pacientes, independientemente de su seguro, nacionalidad o situación residencial, para todos los servicios sanitarios prestados por proveedores o en el domicilio, y los relacionados con cuarentenas o aislamiento. Este mensaje debe transmitirse sencillamente a toda la población
b) Compensar a los prestadores de asistencia por las pérdidas de ingresos vinculadas a los copagos, en el marco de las medidas generales de gasto público antes mencionadas, para que puedan hacer frente al aumento de la demanda.
c) Desarrollar o simplificar los marcos de integración y contratación de proveedores de servicios privados, incluidas las condiciones de pago, los precios y las obligaciones de información.
d) Permitir el desembolso de anticipos de efectivo a los proveedores de servicios públicos y privados para que puedan hacer frente al aumento de la demanda. Esto puede lograrse mediante el pago anticipado del presupuesto global, mediante el cálculo por capitación o mediante la prefinanciación correspondiente al volumen de facturas que normalmente se pagan con carácter retroactivo.
e) Adaptar los acuerdos de precios y pagos para reforzar los cambios en la ubicación y el modo de prestación de los servicios durante la respuesta, incluida la asistencia a domicilio, las teleconsultas y otras formas de servicios sanitarios digitalizados.
f) Considerar el despliegue de transferencias de efectivo polivalentes para los hogares, incluidos aquellos a los que los mecanismos convencionales tienen dificultades para dirigirse, como los refugiados, los desplazados, los migrantes y las personas sin hogar, utilizando plataformas digitales cuando sea factible. Las transferencias de efectivo podrían ser especialmente importantes en las regiones más pobres de los países y en contextos frágiles o zonas de conflicto, incluidas situaciones específicas como los campos de refugiados, para permitir que las personas permanezcan en casa en caso necesario, al tiempo que tienen acceso a alimentos y otros bienes esenciales y eliminan los costes indirectos de buscar asistencia, como el transporte o los ingresos perdidos por la interrupción del trabajo; sin embargo, estas transferencias de efectivo no deben utilizarse como justificación para dejar de aplicar los copagos. Es probable que la aplicación de las transferencias de efectivo implique planes de asistencia social específicos, en colaboración con las autoridades competentes en este ámbito (ministerio responsable de la protección social u organismo similar).
Al igual que ocurre con otros elementos del sistema sanitario, los mecanismos de financiación de la asistencia sanitaria deben adaptarse rápidamente y apoyar el actual contexto pandémico. También tienen que estar preparados para el periodo final de la crisis, cuando la gente acuda en busca de los servicios que pospusieron durante la respuesta a la oleada de COVID-19. Más que nada, hay que simplificar y hacer coherentes los mecanismos de financiación, y esto debe ir acompañado de mensajes claros de comunicación al público sobre los derechos y las vías esperadas de acceso a la asistencia sanitaria. Las acciones destacadas en este texto proporcionan una hoja de ruta para los tiempos de reconfiguración y ampliación de los servicios sanitarios, pero también pueden servir de base sólida para unos sistemas de financiación sanitaria mejor preparados para apoyar la seguridad sanitaria y la CSU en el futuro.
Este documento es el resultado de un esfuerzo colectivo de la OMS
El equipo responsable de los sistemas de financiación sanitaria en la sede y en las seis oficinas regionales de la OMS. Los colaboradores específicos son Joseph Kutzin, Susan Sparkes, Agnès Soucat, Hélène Barroy, Matthew Jowett, Camilo Cid, Peter Cowley, Jonathan Cylus, Valeria de Oliveira Cruz, Fahdi Dkhimi, Alexandra Earle, Tamás Evetovits, Xu Ke, Awad Mataria, Inke Mathauer, Bruno Meessen, Diane Muhongerwa, Juliet Nabyonga, Claudia Pescetto, Tomas Roubal, Sarah Thomson, Tsolmongerel Tsilaajav, Prosper Tumusiime y Hui Wang. Traducción al francés: équipe de coordination P4H.
