La entidad gestora de la UMA está obligada a organizar una inspección médica con el fin, en particular, de comprobar la necesidad y la adecuación de la asistencia y los tratamientos prestados o prescritos en relación con el estado de salud del asegurado y, en su caso, de detectar posibles abusos o fraudes en la prescripción y facturación de la asistencia.