Dada la situación socioeconómica de Madagascar, los estudios de expertos nacionales e internacionales muestran que sólo el 8% de la población podría cotizar a una “mutua de salud”, en la hipótesis más elevada. Si el Gobierno malgache optara por recurrir exclusivamente a las “mutuas de salud” para acelerar la implantación de la CSU, siguiendo el ejemplo de Ruanda y Senegal, tendría que estar dispuesto a sufragar el 90% de la factura, por un lado, y a no prever un impacto real más que a largo plazo (varias décadas), por otro.
