La Ley islandesa de Integración de Servicios en Interés de la Prosperidad de la Infancia (“Ley de Prosperidad”) pretende mejorar el bienestar infantil garantizando la prestación de servicios integrales a niños y familias en una fase temprana del proceso político.
El desarrollo formal de la Ley de Prosperidad de Islandia, destinada a mejorar el bienestar de los niños, comenzó con una conferencia en 2018 en la que participaron políticos, ONG y el público. Se firmó una declaración y se formó una comisión parlamentaria, con el Ministerio de Educación e Infancia al frente de la iniciativa. En 2019, se celebraron consultas abiertas y se realizó una evaluación del impacto económico antes de presentar el proyecto de ley al Parlamento. La Ley de Prosperidad se aprobó por unanimidad en junio de 2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022.
El objetivo principal de la Ley es prestar servicios integrales a los niños y las familias mediante una intervención temprana. Cada niño que necesita ayuda recibe un coordinador que le orienta sobre los servicios disponibles. Los servicios se organizan en tres niveles: primario, secundario y terciario. El nivel primario incluye servicios universales como educación y sanidad, con coordinadores que realizan evaluaciones tempranas. El nivel secundario ofrece apoyo individualizado a través de Gestores de Casos que desarrollan y supervisan planes de apoyo a medida. Los servicios terciarios se centran en el apoyo especializado para prevenir cualquier amenaza al bienestar del niño, y todos los servicios dan prioridad al interés superior del niño.
Para controlar la eficacia de la Ley, el gobierno islandés puso en marcha un tablero de control que hace un seguimiento de cinco dimensiones del bienestar infantil: Educación, Calidad de Vida, Salud y Bienestar, Seguridad y Protección, y Participación y Conexión Social. Estos datos ayudan a priorizar proyectos, asignar fondos y elaborar políticas.
Un análisis económico encargado durante el proceso de elaboración indicó que la Ley reduciría las experiencias infantiles adversas y mejoraría la capacidad de afrontamiento de los niños. Aunque la rentabilidad de los cambios se manifestará a lo largo de varios años, se prevé que la legislación sea económicamente beneficiosa, ofreciendo rendimientos similares a otras inversiones gubernamentales. El Ministerio ha creado un departamento de recopilación y evaluación continua de datos para perfeccionar las estrategias y evaluar la eficacia, lo que demuestra el valor a largo plazo de invertir en servicios para la primera infancia.
