El decreto ley de emergencia fija las disposiciones legales para la adquisición en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico; obras de ampliación y acondicionamiento de los servicios públicos de salud; la contratación de servicios técnicos o profesionales temporales destinados a las acciones para el control de la pandemia y la atención de pacientes por la enfermedad COVID-19; y sus mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de contratación y ejecución financiera, destinados exclusivamente para la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes.