Los grupos desatendidos, en particular las comunidades indígenas y los trabajadores informales en Bolivia, son los más vulnerables a los altos gastos de salud de su bolsillo. Este gasto en salud catastrófico limita el acceso a los servicios de salud y frena los esfuerzos hacia la cobertura universal de salud. Para abordar estas inequidades en salud y barreras financieras, el gobierno boliviano introdujo ambiciosas reformas de salud en 2019 a través del modelo del Sistema Único de Salud (SUS).
Con la implementación del SUS en 2019, el gobierno boliviano buscó brindar cobertura universal y gratuita a un 50% de la población, incrementando significativamente las tasas de cobertura anteriores, con el objetivo de proteger a aproximadamente cinco millones de bolivianos desatendidos y sin seguro hasta entonces.
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