El sistema sanitario público chileno depende del Ministerio de Sanidad. Los establecimientos de atención primaria están bajo la administración de los municipios, de acuerdo con la reforma de 1981 destinada a descentralizar la administración y financiación del sistema sanitario. El Fondo Nacional de Salud (FONASA) fue creado en 1979 como organismo encargado de recaudar, administrar y distribuir los recursos destinados a la salud. Sus fondos proceden de las aportaciones del Estado y de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores (7% de su salario). En 2020, estos fondos aseguraban aproximadamente al 77% de la población chilena.
Garantías para el ejercicio del derecho de acceso a los servicios sanitarios
En 2006, el gobierno creó el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) para garantizar el derecho a los servicios sanitarios de todos los ciudadanos. afiliados a FONANSA y a ISAPRE. La financiación necesaria para este plan se consiguió mediante la Ley de Financiación de 2003, que aumentó el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto específico sobre el tabaco y los impuestos aduaneros. El AUGE definió inicialmente un conjunto de garantías explícitas de salud (GES) establecidas por ley sobre acceso, oportunidad, protección financiera y calidad para 56 problemas de salud prioritarios. Con el tiempo, la ley se amplió hasta incluir 87 cuestiones sanitarias cubiertas. Las GES garantizan el tratamiento, limitan el tiempo de espera y la cantidad que pagan los pacientes por el tratamiento, y prevén la garantía de calidad. El AUGE se amplió para cubrir un abanico más amplio de patologías, lo que refleja la voluntad política de garantizar el derecho a la atención sanitaria de todos los chilenos.
En 2015, la Ley Ricarte Soto creó un sistema universal de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto coste. La ley cubre condiciones sanitarias específicas, como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes para todos los usuarios. [EY5] de los sistemas de pensiones de salud, independientemente de su condición socioeconómica. Desde septiembre de 2022, se implementó el copago cero para 6 millones de afiliados a FONASA que utilizan la modalidad institucional o prestadores públicos.
